Docentes y estudiantes junto a colectivos en defensa de la Educación Pública se citan el próximo domingo en el Palacio de San Telmo contra la privatización de la Educación Pública.
La entidad convocó una manifestación el martes 15 de abril, tras el ataque islamófobo sufrido en la mezquita que se ubica en localidad gaditana.
Desde Paradigma nos gustaría compartir el siguiente artículo de opinión de Juan Cuesta, en representación de ecologistas en acción Andalucía.
La entidad recuerda que los tribunales han establecido que la libertad de expresión debe ser protegida con especial intensidad “cuando se trata de críticas a instituciones públicas o asuntos de interés general”.
La concentración se celebró el día 6 de abril, bajo el lema: “Por Palestina contra el imperialismo”.
El trabajo de campo realizado por la entidad documenta como los trabajadores y trabajadoras migrantes que viven en los asentamientos de Almería y Huelva ven vulnerados sistemáticamente sus derechos más esenciales.
De nuevo tienen lugar en la provincia de Cádiz unas macro maniobras de la OTAN a las que llaman Dynamic Mariner/Flotex-25 con la participación de más de 4000 militares, 30 buques, 2 submarinos, unidades anfibias y medios aéreos.
Critican las actuaciones de la Policía Nacional durante la protesta del 18 de marzo en la Universidad de Granada contra la visita de Macarena Olona, exdiputada de Vox.
La Plataforma Salvemos Doñana reactiva su labor ante la nueva presión a Doñana por parte del Gobierno español que impulsa de nuevo un sondeo para inyección de gas, lo que supone varios riesgos para el espacio protegido de Doñana y su acuífero.
Archivo de Andalucía
Las organizaciones firman un comunicado en el que piden a la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz la paralización del decreto que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía ante la falta de consenso y el impacto negativo que tendrá sobre el empleo y la pluralidad informativa
Considera “injustificada” la medida en un momento en el que la prioridad absoluta es mantener y propiciar el confinamiento
En plena crisis sanitaria, con la ciudadanía confinada, el Gobierno andaluz saca a información pública la construcción de una planta incineradora en el vertedero tóxico de Nerva.
El Proyecto sale a la luz durante el estado de alarma y tras la aprobación por la vía rápida de un decreto para reducir los mecanismos de intervención en la actividad económica andaluza, especialmente, los medioambientales y los plazos administrativos.
Para la Plataforma, el decreto supone una amplia supresión de garantías y elementos de control que facilitará que los grandes inversores sigan apropiándose de la riqueza sin reparar en daños sociales o medioambientales.
Andalucía Viva considera el decreto un atropello contra el tejido productivo autóctono, el tejido social andaluz y las condiciones en las que se desenvuelve la vida en nuestra tierra.
Supone una vuelta de tuerca más en el camino que se viene recorriendo desde hace décadas y que lleva a Andalucía en dirección contraria a los anhelos del pueblo andaluz expresados hace cuarenta años, y reafirma el carácter oligárquico de este sistema con fachada democrática.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechaza el recurso que interpuso la empresa pública La Almoraima S.A. contra el Decreto que amplió el Parque Natural Los Alcornocales.
La Junta de Andalucía debe blindar La Almoraima, la mayor finca pública de Andalucía, declarándola monte de dominio público, lo que impediría su privatización y urbanización.
Ecologistas en Acción confía en que el Ministerio no recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Miel y polen ecológicos de Andalucía.
Aunque ya venden sus productos en el Ecomercado y en diferentes puntos de la ciudad, también nos los traen a casa.
La denuncia la ha cursado la Mesa Social del Agua de Andalucía.
La Mesa está compuesta por UGT, CCOO, AEOPAS, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO, FACUA, Fundación SAVIA, UPA, COAG, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.
El Consejo de Ministros del día 10 de marzo aprobó un Acuerdo que determina qué Administraciones son responsables por incumplir la Directiva 91/271, de Aguas Residuales, al no ejecutar una Sentencia de la Unión Europea de abril de 2011.
España tiene abiertos 5 procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración por no haber adoptado el tratamiento de las aguas residuales de varias aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes-equivalentes.
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