Docentes y estudiantes junto a colectivos en defensa de la Educación Pública se citan el próximo domingo en el Palacio de San Telmo contra la privatización de la Educación Pública.
La entidad convocó una manifestación el martes 15 de abril, tras el ataque islamófobo sufrido en la mezquita que se ubica en localidad gaditana.
Desde Paradigma nos gustaría compartir el siguiente artículo de opinión de Juan Cuesta, en representación de ecologistas en acción Andalucía.
La entidad recuerda que los tribunales han establecido que la libertad de expresión debe ser protegida con especial intensidad “cuando se trata de críticas a instituciones públicas o asuntos de interés general”.
La concentración se celebró el día 6 de abril, bajo el lema: “Por Palestina contra el imperialismo”.
El trabajo de campo realizado por la entidad documenta como los trabajadores y trabajadoras migrantes que viven en los asentamientos de Almería y Huelva ven vulnerados sistemáticamente sus derechos más esenciales.
De nuevo tienen lugar en la provincia de Cádiz unas macro maniobras de la OTAN a las que llaman Dynamic Mariner/Flotex-25 con la participación de más de 4000 militares, 30 buques, 2 submarinos, unidades anfibias y medios aéreos.
Critican las actuaciones de la Policía Nacional durante la protesta del 18 de marzo en la Universidad de Granada contra la visita de Macarena Olona, exdiputada de Vox.
La Plataforma Salvemos Doñana reactiva su labor ante la nueva presión a Doñana por parte del Gobierno español que impulsa de nuevo un sondeo para inyección de gas, lo que supone varios riesgos para el espacio protegido de Doñana y su acuífero.
Archivo de Andalucía
Ecologistas en Acción se reúne con el Director General de Política Forestal y Biodiversidad para intercambiar información sobre los medios y mecanismos disponibles para aplicar el reglamento sobre deforestación (EUDR) en Andalucía, que el próximo 1 de enero debe estar plenamente en marcha.
La organización ha transmitido al responsable de la Junta de Andalucía que detener la deforestación importada es imprescindible para frenar el calentamiento global y la pérdida alarmante de biodiversidad, los dos principales componentes de la crisis ecológica mundial, que afecta a todas y cada una de las personas.
El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que 5,4 millones de andaluces estuvieron expuestos en 2023 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por el Parlamento Europeo.
En el segundo año más cálido desde 1961, se produjeron numerosos episodios de contaminación por partículas y por ozono, dándose las peores situaciones Villanueva del Arzobispo y las áreas urbanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
Las áreas urbanas de Algeciras, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla incumplieron el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero las ciudades andaluzas no han implantado las obligadas zonas de bajas emisiones, y las aprobadas no son eficaces.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se suma a la comunidad universitaria y a los colectivos sociales que demandan la dimisión de Miguel Ángel Castro, Rector de la Hispalense.
La entidad andaluza defiende el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las y los jóvenes universitarios que se han movilizado para detener el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino.
APDHA cree que es sumamente significativo que la represión se produzca apenas un par de días antes del nombramiento de Felipe González como Alumni de Honor de la Hispalense.
La madera muerta se acumula de manera alarmante ante la temporada de incendios forestales que se acaba de iniciar, convirtiendo buena parte del Espacio Protegido en un auténtico polvorín.
Defienden que la cultura es la clave para cuestionar la tradición como elemento determinante de las conductas humanas.
Consideran que la perdiz con reclamo es una de esas tradiciones a superar por la cultura.
La Mesa se opone a la venta de agua desde el Altiplano de Granada a la comarca del Almanzora en Almería a través de acuerdos privados.
La Ley de Aguas prevé centros de intercambio con garantías ambientales y sociales baja supervisión pública.


















